Investigan masacres en México buscando esclarecer el pasado

Por Martha Lucia Pinzón

  
El 10 de junio de 1971 un grupo de estudiantes realizaron una marcha en apoyo a una reivindicación laboral de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el centro de la capital mexicana. Momentos despues, la manifestación fue reprimida por las Fuerzas de Seguridad y, según algunos testigos presenciales, por un grupo paramilitar apoyado por el gobierno. El saldo fue de 17 muertos y cientos de heridos y detenidos.

A este hecho lo había antecedido otro similar ocurrido en 1968, unos días antes de las Juegos Olímpicos de México, cuando miles de estudiantes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas y la movilización fue disuelta violentamente al punto que fue conocida por la prensa como la matanza de Tlatelolco. Las cifras oficiales hablaron sobre la muerte de dos docenas de estudiantes, otros cálculos -de protagonistas e investigadores- hablan de entre 150 y 500 muertes.

Ambos acontecimientos marcaron la denominada "guerra sucia" en la que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI con 71 años contínuos en el poder, se resistieron a investigar en profundidad. La actitud que asumieron durante décadas fue la de negar cualquier participación en estas matanzas o cualquier vínculo con grupos paramilitares, en especial con un escuadrón de la policía conocido como el Batallón Olimpia.

No obstante, a raiz de un informe presentado a finales del año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la responsabilidad de algunas dependencias gubernamentales y servidores públicos en la muerte y desaparición forzada de los estudiantes, abrió una esperanza de justicia que fue reforzada posteriormente con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado propuesta por el presidente Vicente Fox .

Actualmente, esta institución adelanta la investigación sobre lo ocurrido durante la protesta en 1971 y busca establecer el grado de responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría -quien se se desempeñaba como ministro del Interior del presidente Gustavo Díaz Ordaz durante la matanza de Tlatelolco en 1968 y posteriormente, como presidente durante el período de 1970-1976- sobre las ordenes de represión impartidas desde ambos cargos a las fuerzas de seguridad a las que se responsabiliza de lo ocurrido. El ex mandatario es el primer presidente del país interrogado por un fiscal sobre crímenes políticos del pasado.

Durante años se ha dicho que el escuadrón paramilitar a quien se responsabiliza de las muertes fue conformado por Echeverría, al punto que el Partido de la Revolución Democrática lo denunció por su presunta responsabilidad en la matanza. Analistas y organismos de derechos humanos entrevistados por la BBC, coinciden en señalar que esta investigación y la comparecencia del expresidente Echeverría ante la justicia, son el primer paso serio para aclarar la guerra sucia de hace tres décadas con cientos de estudiantes, trabajadores y activistas muertos, desaparecidos y torturados.

Esta misma opinión la comparten, José Luis Soberanes, Defensor del Pueblo para Derechos Humanos de México al considerar que "este es un acontecimiento histórico", según declaraciones al diario El Universal y la alta comisionada para derechos humanas de Naciones Unidas, Mary Robinson, quien calificó como "muy saludable" la investigación. "No se puede construir un buen futuro para los derechos humanos si no se da un debido tratamiento a los períodos oscuros del pasado", dijo la funcionaria. Y México parece estar empezando a esclarecerlo.