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El juego sucio de la corrupción en América Latina Por Martha Lucia Pinzón Uno de los objetivos del estudio, fue contribuir al conocimiento sobre la corrupción y actuar como periodismo fiscalizador "capaz de mantener el tema de la corrupción en la agenda pública -que compete también a la inestabilidad financiera, la violencia rampante y entre otras realidades, los desastres naturales - y tiene el potencial de generar y catalizar la indignación ciudadana hacia actitudes y acciones intolerantes de la corrupción". En la publicación, los casos seleccionados por cada país guardaron "resonancia con la atención que recibieron en los medios impresos más importantes" y sobresalieron por su presencia en la prensa escrita los de Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Perú, Argentina, El Salvador y México. El informe titulado "Corrupción Latinoamericana: los casos más destacados en 2001", afirma que cada vez más la corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores locales que tienen nexos con otros países, con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y el lavado de dinero. Sobre este último, dos de los casos mas sobresalientes en la prensa fueron los de Nicaragua y Paraguay. En el primero, se giraron unos cheques (hasta por más de medio millón de dólares), emitidos por la empresa estatal Nicaragüense de petróleo (PETRONIC) a solicitud de la Dirección General de Ingresos en concepto de pago de impuestos en forma de Notas de Crédito, que dirigía, Byron Jerez Solís. Estos cheques fueron utilizados posteriormente para comprar dólares en una casa de cambio privada con el propósito de pagar una deuda de la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios, en la cual el presidente Arnoldo Alemán, sus familiares y colaboradores más cercanos tienen acciones. En Paraguay, los responsables de la liquidación extrajudicial de los bancos Unión y Oriental, sustrajeron ilegalmente US$ 16 millones y los transfirieron a cuentas en EE.UU. para financiar operaciones vinculadas con lavado de dinero. La transferencia fue autorizada por el superintendente de bancos, Carlos Pecci y por orden del hermano del presidente de la República, el juez penal José González Macchi. Para ocultar la transferencia, se crearon fundaciones privadas en las que aparecen el superintendente, un miembro del directorio del Banco Central, Julio González, y una hermana del mandatario. La investigación permitió identificar a los gestores y localizar el dinero, el cual está embargado en siete cuentas en Nueva York. Fueron destituidos y procesados judicialmente el presidente del Banco Central, el superintendente, el director del BCP, el juez y los liquidadores. El caso originó un intento de juicio político contra el presidente de la República, Luis González Macchi, que no prosperó por falta de votos. El documento demuestra a
través de los hechos publicados por la prensa, como las instituciones de
la rama judicial también se han visto afectadas por la corrupción
política. Un ejemplo claro de ello fue lo ocurrido en Argentina y Perú.
Señala el informe que recientemente "en las protestas populares que
recorren las calles de las grandes ciudades argentinas a diario, se
reclama como prioridad la renuncia de la Corte Suprema. Se sospecha de
la parcialidad de sus miembros y se los acusa de favorecer la impunidad
de aquellos que, cometiendo diversos delitos, arruinaron la economía del
país en la última década. Todos los miembros de la Corte tienen varios
pedidos de juicio político, por distintas causas, pero hasta finales del
2001 ninguno de estos pedidos había sido considerado seriamente por las
cámaras legislativas, que son las que pueden, de acuerdo con la
Constitución Nacional, implementar el juicio político y, eventualmente,
decidir la destitución". En el caso de Perú, comprendió acciones de penetración política de la rama judicial, a través de los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (dirigido por Vladimiro Montesinos, mano derecha de Alberto Fujimori), utilizando redes de corrupción preexistentes lideradas por jueces de alta jerarquía. La prensa denunció al ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano ­actualmente detenido- como uno de los principales responsables. La rama legislativa tampoco fue la excepción. En Argentina, uno de los hechos mas connotados ocurrió cuando se acusaron a varios senadores por recibir dineros para votar la Ley de Trabajo y a la rama ejecutiva por haberlas pagado (sumas entre 50 mil y 80 mil dólares, según se mencionó en algunos medios), pese a todo lo publicado la causa fue desestimada por falta de méritos. No obstante, indica el informe que el escándalo de la denuncia, "provocó la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, el resquebrajamiento de la Alianza gobernante y la destrucción de la imagen que había creado el nuevo gobierno de transparencia y lucha contra la corrupción durante la campaña electoral, uno de los puntos en su plataforma que seguramente le permitió ganar más votos y apoyo en la ciudadanía". Otro claro ejemplo de la corrupción se vió a nivel de la rama ejecutiva. Tal es el caso de Nicaragua, cuando el Presidente Arnoldo Alemán se construyó en su hacienda El Chile, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Managua, un helipuerto. Este hecho se puso al descubierto en abril del 2001, cuando a Alemán le quedaban pocos meses para dejar el poder. La construcción de la obra se financió con la asignación presupuestaria para gastos confidenciales de la presidencia de la República. El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, confirmó que la obra se construyó con los fondos del Estado. Desafortunadamente, la nociva influencia de este flagelo también se ha reflejado en la empresa privada. Un claro ejemplo, es lo publicado en el documento sobre México y los numerosos empresarios y banqueros beneficiados por las redes de complicidades que existen en dependencias públicas. Un caso especifico fue el del exbanquero Carlos Cabal Penich directivo y propietario del Banco Cremi-Unión, quien - según los auditores oficiales - constituyó varios fideicomisos para financiar las campañas presidenciales del asesinado Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo; candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El costo para los mexicanos en rescatar y liquidar el Banco fue el de 7 mil 900 millones de dólares. Cabal fue extraditado en septiembre del 2001 a México, pero fue liberado posteriormente al considerar que era presidente del consejo de administración del Banco Cremi-Unión, y los delitos se le imputaron en calidad de "funcionario o empleado", por lo que no se demostró su nexo con el delito. De todo lo anterior, merece destacarse el esfuerzo periodístico logrado en este informe que pone en evidencia el juego sucio de la corrupción en el hemisferio y constituye un contrapeso de gran utilidad en la lucha contra este fenómeno. Desafortunadamente, muchos de los hechos denunciados por los periodistas llevan tiempo de cometidos y un considerable numero permanece impune aumentando la desconfianza de la comunidad en la clase política, la justicia y las instituciones gubernamentales. Sin embargo, no puede negarse que cada día se observa mas la influencia positiva de los medios en mantener el tema de la corrupción en la agenda pública y quizás pueda traducirse con la ayuda de la sociedad civil, en un instrumento de permanente presión frente a este flagelo que amenaza con destruir el Estado de Derecho en América Latina. ver: http://www.probidad.org/regional/memorias/2001
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