Críticos cuestionan nueva ley de defensa y seguridad nacional colombiana

Por Martha Lucia Pinzón

 
Recientemente fue sancionada por el presidente de Colombia, Andrés Pastrana una ley sobre defensa y seguridad nacional. La iniciativa legal estuvo a cargo del Congreso y fue respaldada por el gobierno con el propósito de organizar el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional y convertirlo en un asunto ampliamente conocido y manejado democráticamente.

Sin embargo, la nueva ley ha sido recibida con reservas por algunos observadores y críticos. Es el caso de Amnistía Internacional al sostener que esta nueva reglamentación contribuye "en aumentar la impunidad para las violaciones de derechos humanos". Contrariamente, están quienes consideran la necesidad de herramientas legales como esta al reconocer que el país atraviesa circunstancias difíciles que hacen necesario fortalecer la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana.

Por su parte, los medios de comunicación la calificaron como una "ley contra el terrorismo o ley de guerra" debido a que una de sus disposiciones establece que cuando por motivos fundados miembros de la Fiscalía no puedan acompañar permanentemente las operaciones de las Fuerzas Militares, el Fiscal General de la Nación podrá atribuir, de manera transitoria, precisas facultades de policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares. Estas operaciones pueden ser registros a personas o lugares y el temor de los observadores es que la actuación de la fuerza pública se salga de los limites establecidos.

Para el Vicepresidente de la República y actual Ministro de Defensa, Gustavo Bell, "es un exabrupto pensar que estas disposiciones vayan a provocar desbordamientos o a legalizar abusos por parte de una Fuerza Pública. Primero, porque todos los controles institucionales y legales a la actuación de la Fuerza Pública fueron respetados por la Ley y continúan vigentes. Y, porque la cultura del respeto a los derechos humanos prevalece entre los miembros de los cuerpos armados en Colombia. La inmensa mayoría de los colombianos han señalado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional como las instituciones que más confianza y credibilidad les generan".

El funcionario defendió el espíritu de la nueva reglamentación y consideró que su contenido debe ser analizado por lo menos en cuatro planos diferentes: la formalización de un sistema institucional para la defensa y la seguridad nacional; el fortalecimiento del poder civil; la organización de la planeación de la seguridad y la defensa; y la introducción de nuevos procedimientos operacionales.

Algunas de las principales medidas incorporadas en la nueva reglamentación pueden resumirse así:

• Definición de funciones precisas a las diferentes entidades del orden nacional, departamental y municipal para un manejo coordinado y eficiente de los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa nacional.
   

• Seguimiento especial por parte del Consejo Superior de la Judicatura de los procesos especiales relacionados con el orden público y la obligación de presentar dos veces al ano al Congreso y al Gobierno informes sobre los mismos.
   

• Fortalecimiento del poder civil ratificando por delegación presidencial la dirección de la fuerza pública por parte del Ministro de Defensa.
   

• Creación de una Junta de Inteligencia Estratégica como soporte a las funciones de dirección, desarrollo y planeación de las políticas de seguridad y defensa a cargo del Ministro.
   

• Obligación por parte del Gobierno de señalar objetivos de seguridad y defensa nacional, y elaborar planes y estrategias para alcanzarlos.

Es evidente que se trata de una normatividad importante y de ser utilizada como un instrumento eficaz que ponga fin a los excesos y contribuya a evaluar abiertamente la gestión del Gobierno en estos temas, se constituirá en un aporte a favor del fortalecimiento institucional en las áreas de seguridad y defensa en Colombia.