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Corte Penal Internacional: fin de la impunidad para ex gobernantes? Por Martha Lucia Pinzón Para José Zalaquett, abogado defensor de los derechos humanos, estos procesos simbolizan un gran cambio frente al pasado y apuntan a que la dirección general "sea hacia una mayor exigencia de que los gobernantes se hagan responsables por sus actos". Sin embargo, hasta que punto la justicia en cada uno de estos países logrará resistir la presión de la política y fallar de manera independiente? Lo sucedido con el dictamen médico sobre "demencia en grado moderado" que libró al ex dictador Augusto Pinochet del proceso que se le seguía como encubridor de 57 asesinatos y 17 secuestros, no es un gran aliciente, y casos como éste, serían muy distintos en manos de la Corte Penal Internacional, CPI. Este tribunal, fue creado a través del Tratado de Roma en 1998 con la firma de 130 miembros de la ONU, pero aun no entra en vigor porque requiere de 60 ratificaciones y a la fecha solo 36 países signatarios lo han ratificado. El tratado, establece una Corte permanente internacional para juzgar a los acusados de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad (actualmente existen dos tribunales internacionales temporales para crímenes de guerra, que investigan el conflicto de la antigua Yugoslavia y el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994). Se trata de un organismo de jurisdicción global, independiente e imparcial, según lo afirma el experto Eduardo González Cueva, en donde los estados se someten automática e incondicionalmente a la jurisdicción de la CPI cuando se unan a ella y aceptan que la Corte estará preparada para actuar si el estado con la mayor responsabilidad no puede o no quiere perseguir el delito cometido. Un punto prioritario para la confirmación del tribunal, es la definición precisa de lo que es un crimen de lesa humanidad, de manera que ninguna nación del mundo pueda eludir su reconocimiento. "La definición ya está hecha y es un gran avance para la conformación del tribunal" afirma la coordinadora europea para la corte criminal Internacional, Irune Aguirrezábal. No obstante, existen algunas corrientes que mantiene reserva sobre la creación de un organismo internacional que pueda interferir en asuntos soberanos. Esta ha sido en parte la posición de los sectores más conservadores de la política estadounidense. Paradójicamente, el grupo guerrillero Colombiano, FARC, tiene esta misma posición y ha venido presionado para que el congreso de este país no lo apruebe. Afortunadamente, los cambios en el derecho internacional dirigidos a reforzar la justicia internacional sumados a una gran corriente a favor de eliminar la impunidad en los crímenes contra la humanidad, son herramientas que han venido sirviendo para buscar el fortalecimiento del imperio de la ley y probablemente serán definitivas para que en un futuro inmediato entre a operar la Corte Penal Internacional. De otra parte, sin desconocer los grandes esfuerzos que hacen algunos países de América Latina por llevar a juicio los tantos ex presidentes elegidos democráticamente y ex gobernantes de facto que hoy en día se encuentran procesados, detenidos o perseguidos, no puede negarse que en esos mismos juicios llevados ante la Corte Penal Internacional prevalecería más las consideraciones de justicia e imparcialidad que la política. En suma, como dice González Cueva "no hay que perder las esperanzas que la presión de la sociedad civil hará recapacitar a los gobiernos reticentes a aprobar una Corte independiente y eficaz. Es de absoluta importancia que la opinión pública se active inmediatamente para hacer saber a los gobiernos que el mundo no tolera más que la razón de estado se imponga sobre la razón a secas, y que la fuerza de la ley debe imponerse sobre la ley de la fuerza". De ese logro dependerá que algún día América Latina vea tras las rejas a los violentos y se ponga fin a la crueldad de los conflictos armados internos que viven algunos de los países que la conforman.
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