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La justicia constitucional en Centroamérica Por Martha Lucia Pinzón El informe titulado Justicia Constitucional , indica que en la mayoría de los casos los asuntos ante la jurisdicción constitucional tardan demasiado en resolverse. El problema de la dilación se tenderá a agravar si no se reasigna la carga de trabajo en unos casos (Costa Rica) o se dota de más medios en otros (Honduras, Nicaragua), señala el estudio. En el caso costarricense, se observa no sólo que el número excesivo de casos hace sumamente difícil que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva los asuntos, sino que, además, los sistemas ineficientes de notificación alargan innecesariamente la terminación de los procesos. Contradictoriamente, Nicaragua se tarda un promedio de 41 meses en resolver los casos de inconstitucionalidad, a pesar de que ingresan pocos casos en esta materia a la Corte Suprema de Justicia. Con relación a la excesiva litigiosidad, se considera como una de las causas el que los litigantes para evitarse largos y engorrosos procesos contencioso-administrativos o laborales, acuden a la vía de amparo (mecanismo constitucional previsto para la protección de los derechos fundamentales), para acortar los términos y buscar salidas expeditas en la defensa de sus clientes. El documento propone la reforma de los códigos laborales y de las leyes en materia de jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de establecer procesos sumarios que garanticen la adecuada tutela de tales derechos. En cuanto a la formación y especialización de los funcionarios, el estudio encontró que uno de los factores que afecta la capacitación y la calidad en el caso de Costa Rica, es el exceso de trabajo. Es muy difícil que hoy en día los siete magistrados de la Sala Constitucional de ese país puedan resolver un promedio anual de cien mil casos, con un adecuado nivel de estudio y profundidad. Propone el estudio, la creación de tribunales especializados en materia de amparo y de habeas corpus que descongestionen la sala y permitan que las decisiones tengan la calidad y la frecuencia de un órgano de apelación no sobrecargado. Sobre éste mismo aspecto, se sugiere también un programa centroamericano que realice periódicamente cursos de actualización y profundización sobre las materias constitucionales, con la participación de juristas del área y de otros países. A pesar de las fallas anotadas, el estudio reconoce que los países centroamericanos consideran la protección de los derechos y el control de constitucionalidad como temas importantes. Prueba de ello es El Salvador en donde se esta fomentando el acceso a la justicia y a la cultura constitucional de modo que el tribunal de ese país sea oportunamente conocido y utilizado. Hoy en día la justicia constitucional en esta región es reconocida positivamente y esto ha contribuido a rescatar la confianza en el sistema judicial. Hay un deseo sincero de dotar a los Tribunales Constitucionales de mecanismos realmente efectivos para cumplir con sus finalidades. De ahí la importancia de adoptar con prontitud las recomendaciones propuestas por el PNUD, que permitirían un mejor servicio de la justicia constitucional y por ende, una mayor protección de los derechos y libertades fundamentales. Queda ahora por ver que de los propósitos se pase a los hechos.
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