La administración de justicia en Latinoamérica: débil y politizada

Por Martha Lucia Pinzón

Recientemente el editorial del Diario colombiano El Tiempo, dedicó su espacio a tratar el tema del sistema judicial colombiano y su preocupante politización. Se señala allí, que en ese país existen tantos organismos de justicia que hoy "no resulta fácil al ciudadano identificarlos claramente ni saber qué funciones cumple cada uno de ellos" y agrega que esa abundancia de instituciones lo que ha hecho es aumentar antes que aclarar el desorden institucional.

El artículo destaca como uno de las fallas mas graves el haber establecido en la Constitución Política de 1991 unos mecanismos de selección que politizaron la Justicia. Después de una relación de casos que claramente reflejan la nociva influencia de la política en la administración de justicia (y demuestra que los criterios de selección de jueces y funcionarios en muchos casos es por vínculos políticos y no por méritos), concluye el articulo diciendo que "la Justicia ha decidido tomar en mal momento el camino de la vieja política".

Esta panorama parece repetirse también en otros países de América Latina, y aunque la gran mayoría de las constituciones de los países de esta región establecen la independencia de los jueces, la realidad demuestra lo contrario.

Los expertos Maria Dakolias y Kim Thachuk de la Universidad de Wisconsin, al entrevistar jueces y abogados en diferentes países latinoamericanos con el objeto de revisar el sistema de administración de justicia, recibieron como respuesta en concenso que los compromisos políticos son claramente uno de los tipos de discriminación que interfieren en la independencia judicial y que lo elemental seria que la selección de los jueces fuera por sus talentos y capacidades y no por su "color" político.

Esta situación ha llevado a que la confianza de los ciudadanos en el poder judicial sea inferior. Esto se ve claramente reflejado en el Informe del BID "Desarrollo mas allá de la economía", cuando señala que "si bien los niveles de confianza en el poder judicial varían dentro de la región -oscilando entre un máximo de 55% en Uruguay y un mínimo de alrededor 20% en Perú- en muchos países latinoamericanos parecen existir grandes dudas acerca de la capacidad del poder judicial para adoptar decisiones imparciales o defender las leyes y la constitución".

Por su parte, el Banco Mundial en un estudio sobre la justicia en el Perú, indica que un 96% de la ciudadanía no tiene confianza en los jueces y un 86% poca o nada en la administración de justicia. En Brasil se muestra que un 63% de la opinión publica califica la administración de justicia como "baja o deficiente".

Otro punto que inquieta es la corrupción en la justicia y es una de las preocupaciones para los latinoamericanos. El instituto Gallup en una encuesta reciente indica que en Argentina el 57% de los encuestados considera que la corrupción es uno de los principales problemas de la administración de justicia. En Honduras, tres de cada cuatro encuestados, creen que la justicia es corrupta y en Costa Rica, el 54% de los encuestados piensan que las decisiones judiciales han sido tomadas bajo presiones "externas".

Un claro ejemplo de lo anterior, es lo publicado en el diario La Prensa de Nicaragua, cuando en una nota se refirió a que una de las practicas usuales de los abogados (denunciada por la Corte Suprema de Justicia de ese país), es la de efectuar pagos al personal de la rama judicial para adelantar asuntos que hacen parte de los normales deberes a su cargo.

En Venezuela, en 1999, fueron suspendidos 132 jueces por casos de corrupción y el 10% de los jueces fue despedido por la misma causa . Ese mismo año en Chile, fue sentenciado un juez por actos de corrupción (paradojicamente el funcionario había sido considerado como uno de los mejores jueces de ese país en 1998-1999).

Pero no todas son malas noticias. Recientemente y gracias a la participación del gobierno, la sociedad civil y algunas organizaciones internacionales y no gubernamentales, se esta poniendo en practica en Argentina, El Salvador y otros paises centroamericanos, programas de reforma judicial que ya han arrojado buenos resultados. Se ha buscado mejorar el acceso a la justicia, se está reorganizando la judicatura y se están llevando a cabo campañas de sensibilización pública.

Quizas si la conciencia pública se traduce en organizaciones serias que ejerzan presión para que se adopten medidas y se empiece a "rondar a los jueces", tal vez habrá esperanza para una justicia que agoniza en Latinoamérica en medio de la política y la debilidad de sus instituciones. Mientras tanto no podrá hablarse de un poder judicial transparente y mucho menos independiente.