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Educación y derechos humanos en la agenda internacional La academia ha aportado suficiente evidencia de que la inversión en educación genera los mayores retornos dentro del conjunto de inversiones públicas posibles. No sólo permite ganancias en equidad y movilidad social sino que aumenta la eficiencia social en el uso de todos los factores de producción, vía cambios en las instituciones. Así, el nivel de escolaridad y la calidad de la educación impartida se constituyen en los mejores indicadores del potencial productivo y competitivo de una nación en el largo plazo. Pero más allá de esta valoración técnica de la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estableció que "la educación debe estar dirigida al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación debe promover el entendimiento, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, razas o grupos religiosos". En desarrollo de lo anterior, las diferentes conferencias y agencias de la Naciones Unidas han logrado crear un marco jurídico y un conjunto de instituciones que se proponen favorecer el acceso universal a la educación en condiciones de no discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, religión, convicciones, o por cualquiera otra razón, y para promover la libertad de conciencia, de opinión, de expresión, de información y de investigación, así como la solidaridad y convivencia pacífica entre las naciones. Es indudable que han ocurrido avances significativos desde 1948, pero no los suficientes como para evitar la catástrofe humanitaria que aún está ocurriendo en muchas regiones del planeta y que ahora se evidencia en la propia guerra contra el terrorismo. Para comenzar, el analfabetismo en el mundo aún afecta a 21% de la población adulta (880 millones) y 113 millones de niños no están escolarizados. El analfabetismo es mayor en las poblaciones más pobres (97% está en los países menos desarrollados), las mujeres (60%), las minorías étnicas y religiosas, los emigrantes y los campesinos (http://www.uis.unesco.org/uisen/pub/pub0.htm). Cuando en un país se condena a las mujeres a estar por fuera del sistema educativo y productivo (como en Afganistán de los talibanes) de inmediato se prescinde de la mitad del capital humano indispensable para el desarrollo. Es similar en el caso de los demás grupos discriminados de manera efectiva o por negligencia estatal. Más grave aún, el derecho a la educación es un derecho en sí mismo pero es además un atributo para poder acceder al disfrute de otros derechos fundamentales. Las personas y grupos sociales sin educación no pueden acceder en igualdad de condiciones a la información y por consiguiente son perdedores en la lucha por el poder y la libertad. Sin plena información no hay acceso a la libertad positiva, como bien lo demuestra Amarthya Sen, Novel de Economía de 1998. En América Latina está vigente la búsqueda de sistemas educativos que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y que además favorezcan positivamente el acceso de las minorías étnicas y nacionales. En Brasil se debate la posibilidad de una ley de acción afirmativa para los negros y los indios que permita equidad con el resto de la población a la hora de ingresar al sistema educativo y a los empleos públicos. En los países andinos y Centroamérica la mayor presión está en torno a los derechos de los pueblos indígenas a una educación que respete sus lenguas, culturas, tradiciones, creencias y valores, así como el derecho a una justicia propia y a la tierra. Igualmente, los sistemas educativos regionales privilegian en general la educación urbana frente a la rural lo cual se expresa en la diferente dotación de infraestructura y recursos humanos. No obstante lo anterior, al contrario de otros pueblos, América Latina constata un importante avance de la mujer en el acceso a la educación y al trabajo y en general de los índices de escolaridad. Está claro para la comunidad internacional que se expresa en Naciones Unidas que la educación no debe ser monopolio del Estado, como condición para respetar la libertad de conciencia y opinión y los derechos inalienables de los padres a participar en la formación de sus hijos, especialmente tratándose de minorías nacionales. Aún así, los estados deben garantizar, vía regulación, los estándares mínimos de calidad de los sistemas complementarios de educación privada, a la vez que garantizar el acceso universal al sistema de educación pública obligatoria. El problema aquí ha sido la consolidación del sistema privado de educación y la pauperización del sistema público, dadas las políticas al mando desde los años noventa de privilegiar el mercado antes que la acción positiva y reguladora del Estado. Así tenemos hoy la emergencia de dos sistemas educativos divergentes, privado y público. Al privado acceden los hijos de quienes tienen los mayores recursos económicos. Allí cuentan con las pedagogías más probadas y la mayor disponibilidad de tecnología e información (laboratorios, bibliotecas, Internet y bilingüismo). Los exalumnos se casan entre sí y se emplean mutuamente, sobretodo cuando la educación es la principal fuente de ascenso y movilidad social. Este es el nuevo reto de la educación: si no se establecen políticas correctivas, los dos sistemas educativos pueden estar creando formas más sutiles y corrosivas de discriminación y fragmentación.
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