Los países andinos podrían beneficiarse de un ATPA ampliado

 
El 5 de octubre la Cámara de Representantes de los EEUU aprobó por razones de seguridad nacional, un proyecto según el cual otorga una extensión por 4 años del Acta de Preferencias Comerciales Andinas, ATPA. Más importante aún, a partir del 2001 los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) podrían beneficiarse de un ATPA ampliado que incluiría textiles, confecciones, calzado, artesanías de cuero, algunos derivados del petróleo, atún enlatado y derivados del azúcar, entre otros productos no contemplados en la desgravación arancelaria anterior. De concretarse el nuevo Tratado Andino para la Promoción del Comercio y la Erradicación de la Droga (TAPCED), como se denominará en adelante, los países andinos tendrán una verdadera oportunidad de compensar en parte el costo económico, social e institucional del narcotráfico y de la guerra contra el mismo, así como una oportunidad ante la crisis económica regional.

Y es que los costos del narcotráfico son inmensos para los países productores. Están asociados a los siguientes aspectos, si tomamos como ejemplo el caso de Colombia: a) los ingresos por narcodólares, que en ese país oscilan entre 1.500 y 3.000 millones de dólares anuales, entran generalmente vía contrabando. Esto es, desfalcan el fisco y atentan contra la producción agrícola e industrial nacional; b) esos mismos dólares al ser lavados aumentan la oferta monetaria interna. La autoridad monetaria recoge el circulante para evitar inflación, con lo cual presiona hacia arriba las tasas de interés, afectando de nuevo al sector productivo; c) igualmente esos dólares causan revaluación de la moneda nacional encareciendo las exportaciones y favoreciendo las importaciones; d) los grupos de narcotraficantes crean mafias que corrompen las instituciones, penetran sectores del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sobretodo crean una cultura de enriquecimiento especulativo -no productivo- que carcome la convivencia social; f) así mismo, para imponer sus intereses asesinan lo mejor de la dirigencia social y política de un país; g) parte de esos recursos financian a los actores de la guerra, guerrillas, paramilitares, mafias y traficantes de armas; h) el país termina perdiendo autonomía en su política interna, entre otros costos. Todo esto sin hablar del costo directo de la represión a los cultivos ilícitos y el narcotráfico .

Atendiendo a los costos referidos y a los intereses nacionales de los EEUU, en diciembre de 1991 fue creado el ATPA con el propósito de compensar los costos de la lucha que libraban los países andinos contra el narcotráfico y en especial Colombia contra el narcoterrorismo. El objetivo específico era contribuir a diversificar las exportaciones y ofrecer alternativas productivas para la sustitución de cultivos ilícitos, lo que después se denominaría desarrollo alternativo.

Veamos ahora los resultados. Durante los diez años de vigencia del ATPA el comercio mutuo entre EEUU y los países andinos se duplicó. Las exportaciones andinas crecieron 124% (explicadas básicamente por petróleo) y las exportaciones de EEUU 66%. Aún así, en 1999 sólo el 18% de las exportaciones andinas (US $9.800 millones) se beneficiaron del ATPA. Eso muestra el escaso beneficio efectivo del ATPA, lo cual no significa que sea despreciable. En Colombia por ejemplo, según cálculos del Ministerio de Comercio Exterior, el ATPA en este lapso generó 140.000 empleos permanentes.

El ATPA debe ser ampliado no sólo por las razones expuestas sino para atender a los cambios ocurridos en los últimos años, veamos: a) los países andinos redujeron unilateralmente los aranceles de 47% a 12%, favoreciendo las importaciones de bienes y servicios, a la vez que liberaron el flujo de capitales; b) EEUU concedió ventajas arancelarias fundamentales a México y Canadá, en el marco del NAFTA, que afectaron la competitividad de los países andinos; c) igual sucedió con las ventajas arancelarias concedidas en el contexto de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y Centro América, y con las concedidas a los países de África Sub-Sahara; d) la creación de la OMC implicó compromisos de desgravación adicionales y de liberación en sectores de servicios, costosos para los países andinos; e) se desmontó el Pacto Internacional del Café, con lo cual se envilecieron los precios de este producto básico en la subregión; simultáneamente se mantuvo creciente tanto f) el costo social del narcotráfico como g) el servicio de la deuda externa.

En adición, los cambios estructurales introducidos en la subregión no han logrado aún consolidarse ni han materializado los beneficios esperados. Al contrario, la agudización de los conflictos sociales amenaza la estabilidad de la democracia en la mayoría de los países. En el caso colombiano está amenazado no sólo el régimen político sino el propio Estado. El gobierno colombiano estima que el nuevo TAPCED puede generar 500.000 empleos directos lo cual sería una alternativa real a los cultivos ilícitos.

Por todo lo anterior, es razonable entender que la aprobación del TAPCED se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para los EEUU desde antes del atentado terrorista del 11 de septiembre, y en una oportunidad vital para los países andinos.

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