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EL ABC DE LA CRISIS ARGENTINA El gobierno del presidente de la Rua y el ministro de Economía Domingo Cavallo, apoyado por el FMI, ha puesto toda su confianza en la política de déficit cero para recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, con lo cual espera evitar el defualt (cesación de pagos de la deuda) o el recurso extremo a la dolarización. Por desventura los resultados de la recaudación de impuestos del mes de septiembre fueron desastrosos: cayeron 14%. Queda claro que el equilibrio fiscal resulta imposible mientras no se recupere la actividad económica general. Argentina cumple ya tres años en recesión. Pero, en qué consiste la política del déficit cero? Sencillo. Es como si en los Estados Unidos, para salir de la actual recesión, se decretaran a la vez aumento de impuestos, reducción del gasto público y alza en las tasas de interés. Todo lo contrario de lo que este país está haciendo (en 9 meses la Reserva Federal bajó las tasas de interés de 6.5% a 2.5% mientras el gobierno logró pasar una legislación que devuelve parte de los impuestos y aumenta el gasto público de emergencia) y de lo aconseja la más elemental lógica económica. Pero aparentemente Argentina no tiene otra alternativa. ¿Cómo llegó el país austral, el que fuera la despensa de Europa y el primero de Latinoamérica en lograr una industrialización temprana, a semejante sin salida? El espacio nos obliga a ser concretos y referirnos a los últimos años solamente. Las exportaciones argentinas apenas alcanzan a compensar las importaciones anuales. En los últimos tres años, por ejemplo, el país exportó en total US $76.182 millones e importó US $82.156. Sólo en el 2000 obtuvo superávit gracias a la caída en las importaciones de bienes de capital, dada la recesión. De otro lado, la abultada deuda externa (US $148.000 millones según la CEPAL) demanda pagos anuales crecientes. En el 2000 Argentina pagó US $28.051 millones (18.406 millones de amortización de capital y 9.645 millones de intereses). Este escenario de las cuentas externas, a todas luces deficitario, fue mantenido durante los años ochenta gracias al recurso permanente al crédito externo multilateral, y en los años noventa mediante la inversión externa, vale decir, mediante la privatización de empresas públicas federales y provinciales. El problema aparece ahora evidente: vendido el patrimonio público enajenable sólo quedaba la opción de incrementar las exportaciones. Las expectativas de recesión global, que aparecen claras luego del 11 de septiembre, cierran esta fuente de sustento del modelo. Argentina podría aún intentar vender el patrimonio de las grandes empresas privadas, lo cual viene ocurriendo paulatinamente, pero también los inversionistas buscarán alternativas más seguras o comprar a precios de feria. El modelo no va más. Para colmo, en 1991 Argentina eligió la paridad cambiaria peso-dólar (1-1) como fórmula de estabilidad de precios, la cual resultó exitosa para reducir la hiperinflación recurrente de las décadas anteriores. Brasil hizo lo mismo en 1994. En su momento Brasil regresó a la libre flotación (1997) lo cual le ha permitido devaluar digamos de forma "ordenada". Argentina permanece aferrada al ancla cambiaria y hoy, cuando se han debilitado los otros indicadores macroeconómicos (desempleo superior al 15% durante más de tres años y deuda pública que pasó de 33.8% del PIB en 1995 a 46.2% en el 2000, entre otros) y la inestabilidad financiera global se agudizó por el atentado terrorista, correría grandes riesgos si intenta salir de la paridad cambiaria y devaluar. Más en concreto, la vía de la devaluación en Argentina -para recuperar la capacidad exportadora y proteger la producción nacional- puede conducir a la insolvencia financiera de las grandes empresas endeudadas en dólares, incluyendo la deuda pública, pero sobretodo al retorno de la inflación. Muchos especialistas creen que ese camino llevaría a la dolarización para detener el desastre hiperinflacionario. Ahora, la dolarización permite recuperar la estabilidad de precios pero en ningún caso resuelve los problemas de financiamiento del servicio de la deuda externa, ni la baja competitividad de las exportaciones y tampoco el déficit fiscal. La opción del default significa a su vez la quiebra de los propietarios de títulos de deuda pública argentina -que en un 60% son empresas y particulares de ese país. Por ejemplo las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tienen el 50% de sus activos en títulos y bonos públicos. Igual los bancos perderían parte sustancial de sus activos y consecuentemente se desvalorizarían sus pasivos, que son los depósitos de los ahorristas y cuenta habientes. Por lo demás, el sistema financiero internacional cerraría todo crédito a las importaciones argentinas. Estos son los argumentos esgrimidos por el gobierno y sectores académicos ortodoxos para oponerse al default. Queda una opción intermedia, presentada la semana pasada por Roberto Frenkel y Mario Damill. Consiste en subir el dólar (devaluar) sólo para exportar e importar, como mecanismo de estímulo y protección para los sectores productivos, sin tocar la paridad para las operaciones financieras, evitando así afectar las deudas y los créditos en dólares. No está claro qué pasaría con los servicios (fletes, seguros, remesas, turismo), que son difíciles de controlar. Y también está la opción ortodoxa radical de López Murphi. Persistir en el déficit cero pero sin contemplaciones: despedir 100.000 funcionarios públicos más. O continuar el ajuste perpetuo, como propone Carrasquilla, con reducción de las pensiones y con mayor flexibilidad laboral. Lo otro es burlar el ajuste fiscal formalizando la creación de una moneda paralela no convertible, el Patacón nacional, a partir de las nueve monedas paralelas ya existentes. Esta en realidad es una forma también de pauperizar el salario de los funcionarios públicos. Y seguir confiando en que la democracia resista la crisis social sin precedentes en la nación del tango y la milonga.
http://www.lanacion.com.ar/01/07/22/de_321797.asp |